La futura Ley Agraria crea la figura del defensor de la cadena agroalimentaria para evitar abusos en los precios.

La futura Ley Agraria crea la figura del defensor de la cadena agroalimentaria para evitar abusos en los precios.

07 de febrero de 2013

El Consejo de Gobierno ha conocido este jueves el anteproyecto de Ley Agraria de Castilla y León, que ha elaborado la Consejería de Agricultura y Ganadería, y que nace con el objetivo de establecer un marco básico de la actividad del sector agrario y agroalimentario ante las diferentes leyes que existen y afectan al sector.
 

7/2/2013

Fuente: DCCyL.

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha asegurado que se trata de un proyecto de ley "muy ambicioso" y que pretende dar respuesta a las necesidades del sector, también de cara al futuro, así como adaptarse a las demandas de la Política Agrícola Común (PAC) y a otras realidades, así como velar por un sector que produce el 10 por ciento del Producto Interior Bruto de la Comunidad.

Clemente ha detallado algunos de los aspectos de la normativa, que se estructura en cinco libros, el primero contiene los objetivos y actuaciones transversales dirigidas a fomentar la incorporación de jóvenes, la promoción de la mujer y la estrategia de I+D+i en materia agraria y agroalimentaria; el segundo, el más extenso, aborda las condiciones de la producción agraria; el tercero se dedica a la calidad diferenciada de la producción agroalimentaria y a la comercialización agraria; en el cuarto se regulan los aspectos relacionados con la participación e interlocución con el sector agrario y el libro quinto regula las infracciones y sanciones en el sector.

La Ley regula, "de forma transversal", aspectos que se consideran fundamentales para la creación de actividad económica en el mundo rural y establece directrices orientadas a fomentar una política activa dirigida a jóvenes y mujeres.

Así, en el ámbito estrictamente agrario, se establecen distintas actuaciones destinadas a fomentar la incorporación de jóvenes al sector y asegurar el relevo generacional como el tratamiento preferente en el acceso a las parcelas del Banco de Tierras o a los pastos, hierbas y rastrojeras gestionados por las juntas agropecuarias locales.

La ley establece también medidas para favorecer la participación de la mujer tanto en el sector agrario como en la industria agroalimentaria, pues esta, por su localización en zonas rurales, desempeña un papel fundamental en la capacidad de generar oportunidades de empleo femenino.

Fomento I+D+i.

Por otro lado, la Ley Agraria establece, de forma expresa, el carácter estratégico de la I+D+i en la política agraria y establece como objetivo principal de la actividad investigadora el de responder a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en el sector.

En materia de explotaciones agrarias, se definen las directrices que regirán las actuaciones de la Junta y deja previsto un marco de actuaciones prioritarias de apoyo de la Administración en este ámbito. Así, se busca optimizar la estructura de su base territorial y fijar un sistema de apoyos y ayudas proporcional a las necesidades de cada explotación.

Por otra parte, se crea por primera vez un registro único en materia de explotaciones agrarias, que unificará el elevado número de registros parciales que actualmente existen, algo que reducirá trámites burocráticos para agricultores y ganaderos.

Además, el texto normativo modifica el actual régimen jurídico de la concentración parcelaria e introduce una profunda renovación en su regulación y simplifica y clarifica el procedimiento.

La ley introduce también la novedad de los Planes de Ordenación de Zonas de Especial Interés Agrario, que tienen por objeto ordenar y regular las actividades agrarias sobre el conjunto o partes de la Comunidad.

Una de las figuras novedosas que introduce la Ley Agraria es el Banco de Tierras de Castilla y León, concebido como un instrumento que facilite la puesta en contacto entre la oferta y la demanda de parcelas rústicas, cultivadas o cultivables, ubicadas en la Comunidad, lo que permitirá, entre otros objetivos, recuperar tierras abandonadas, asegurar la continuidad de las explotaciones agrarias y promover la incorporación de los jóvenes y las mujeres al sector agrario.

La Ley Agraria prevé la derogación de la ley 1/1999, de 4 de febrero, de ordenación de los Recursos Agropecuarios Locales y de la Tasa por el aprovechamiento de los Pastos, Hierbas y Rastrojeras, e introduce una profunda reforma en la regulación de esta materia, con el objetivo último de adaptar el ordenamiento a la realidad existente, dando cabida a nuevas situaciones que requieren de regulación, y mejorando las estructuras y fórmulas de aprovechamiento, a los efectos de dotar de mayor dinamismo y eficacia al sistema establecido.

Una de las novedades más importantes en este ámbito es la modificación del sistema de adjudicación de los aprovechamientos sometidos a ordenación común, de manera que se establece un nuevo régimen de prioridades en el acceso a dichos recursos, en el que se prima a los jóvenes agricultores y a las explotaciones prioritarias ubicadas en el ámbito territorial correspondiente.

Figuras de calidad.

Asimismo, la futura norma desarrolla una nueva regulación, más homogénea y más adaptada a la realidad de la Comunidad, de las figuras de calidad diferenciada de productos agroalimentarios.

En concreto, se le da por primera vez reconocimiento con rango de Ley a la marca de garantía 'Tierra de Sabor', pero además se pretenden regularizar y normalizar los consejos reguladores y se modifican aspectos de la Ley del Vino que están obsoletas o que se han modificado por sentencias, entre otras cuestiones.

Por otra parte, la nueva ley dedica un libro entero a articular herramientas dirigidas a mejorar el equilibrio de la distribución de costes y beneficios en la cadena de valor de los productos agroalimentarios. Así, se impulsa la inclusión de cláusulas en los contratos agrarios que permitan la resolución de las controversias que pudieran originarse en el cumplimiento de tales contratos, mediante fórmulas alternativas como el arbitraje o la mediación.

En este mismo sentido, se crea la Junta de Arbitraje , se regula por primera vez en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León la figura de "mercado de productos agrarios en origen" -lonjas- y se crea el Registro de Mercados de Productos Agrarios de Castilla y León.

De la misma forma, la ley introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico de la Comunidad la figura de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias de ámbito autonómico, que velarán por el adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria y llevarán a cabo actuaciones que permitan mejorar el conocimiento, la eficiencia y la transparencia de los mercados.

Otra nueva figura que se creará con este texto es la nueva figura del defensor del equilibrio de la cadena alimentaria, que tendrá entre sus funciones el control y denuncia de posibles prácticas abusivas y la emisión de dictámenes sobre cualquier cuestión relativa a las relaciones contractuales entre productores y compradores, cuyos contenidos podrán hacerse públicos.

Especialmente velará por el mantenimiento de un precio mínimo que cubra al menos los costes de producción, como garantía del equilibrio de las partes contratantes en las relaciones comerciales propias de la cadena alimentaria, evitando que la posición dominante del distribuidor y comprador de la mercadería impida negociar en términos de igualdad las prestaciones en que consista el acuerdo comercial.

La Ley establece los principios básicos que deben regir el cooperativismo agroalimentario, reconoce explícitamente el papel de las organizaciones profesionales agrarias y se regulan diversos órganos colegiados de asesoramiento y consulta de la Administración en materias relacionadas bien con el sector en su conjunto -el Consejo Regional Agrario, y los Consejos Provinciales, de nueva creación- bien con un determinado subsector productivo.

Otros acuerdos.

El Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación normativa puntual de una ley autonómica, necesaria por verse afectada para la aprobación del texto legal que regulará la Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad.

La Junta de Castilla y León está desarrollando distintas actuaciones y medidas, tanto de naturaleza política, como de carácter técnico y normativo, que tienen por objeto implantar un nuevo modelo de ordenación del territorio en la Comunidad. Entre estas actuaciones destaca, en el plano normativo, la aprobación de un inminente texto legal que regulará la Ordenación, Servicios, y Gobierno del Territorio de Castilla y León, que contiene las líneas esenciales de la configuración de la nueva ordenación territorial.

Para su implantación, se deben modificar aquellas leyes autonómicas que se vean afectadas por el nuevo modelo; entre otras, la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley de Directrices Esenciales. Esta ley contempla un procedimiento largo y con numerosos trámites, lógico en un proceso de definición inicial de las directrices, pero no adecuado para modificar o ampliar las estructuras generales que prevén.

Estas normas hacen referencia como estructuras generales de ordenación de la Comunidad a la provincia, a la red de centros urbanos, a los ámbitos funcionales complementarios, al sistema de corredores territoriales o al sistema de polos estratégicos.

La nueva delimitación y denominación de los ámbitos geográficos de ordenación territorial recogidos en la futura Ley de Ordenación, Servicios, y Gobierno del Territorio de la Comunidad -como son las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio o las áreas funcionales, ya sean estables o estratégicas- requieren previamente la modificación de aquellas leyes. Con esta reforma puntual se pretende articular un procedimiento de modificación legal, ágil y a la vez riguroso, que permita adaptar las estructuras territoriales actuales a las exigencias y previsiones derivadas del nuevo modelo de ordenación del territorio de Castilla y León.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de obras por importe de 10.572.446 euros para la conservación de carreteras y tramos de titularidad autonómica de la red de carreteras de la provincia de Soria, que supondrán la mejora de 907,5 kilómetros de vías de Castilla y León. Las inversiones en obras de conservación son fundamentales para el mantenimiento de las infraestructuras y la extensa red viaria de la Comunidad autónoma garantizando la seguridad vial y la normalidad en el tráfico.

La Junta también ha aprobado una inversión de 280.584 euros destinada a contratar la gestión, hasta diciembre de 2014, de 32 tratamientos con radiocirugía estereotáxica a los pacientes del área de salud de Palencia.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la implantación de nueve títulos de enseñanzas universitarias oficiales, distribuidos en grados y másteres, en las universidades públicas de Burgos, León y Valladolid y en las privadas IE Universidad de Segovia y Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila para su implantación en el curso académico 2012-2013. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación del seguro multirriesgo para los centros educativos públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de Educación por un importe de 380.000 euros. Esta póliza cubrirá a un total de 1.148 colegios e institutos de Castilla y León durante un año.

Por último, el Ejecutivo regional ha autorizado la puesta en marcha de las obras de la primera fase de restauración y rehabilitación del Monasterio de San Juan de Ortega, en Barrios de Colina, Burgos, para su uso como centro cultural, albergue de peregrinos y centro asistencial. Estas obras están previstas en el convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Castilla y León, la Fundación Caja de Burgos y el Arzobispado de Burgos, cuyo periodo de vigencia para la realización de esta primera fase se establece hasta el 31 de diciembre de 2016.

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